 |
|
|
|
Colombia extradita 14 ex jefes paramilitares a EE. UU. y 'tapa' el escándalo de la 'parapolítica'
|
|
Uribe justifica la decisión porque no cumplían los compromisos asumidos en los acuerdos de paz.
|
bogotá. El proceso judicial de los vínculos de políticos de Colombia con paramilitares se quedó sin testigos con la extradición a Estados Unidos de 14 ex jefes ultraderechistas, afirmó ayer Claudia López, la principal investigadora del escándalo de la llamada parapolítica.
Los catorce fueron entregados en la base aérea de la Policía Nacional en el aeropuerto internacional bogotano de Eldorado a agentes del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA).
El grupo lo encabezan Salvatore Mancuso, antiguo jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y Jorge 40, alias de Rodrigo Tovar Pupo, en cuyo ordenador personal se hallaron los archivos que desataron la parapolítica.
Ese escándalo es investigado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que ha procesado o investiga a 63 congresistas, la mayoría de ellos afines al presidente del país, Álvaro Uribe, y la mitad de los cuales están detenidos.
Uribe justificó la decisión afirmando que los antiguos jefes paramilitares no habían cumplido con los compromisos que asumieron en el proceso de paz acordado. Algunos habían reincidido en actividades criminales, otros no cooperaban de manera debida con la Justicia y todos incumplían con la indemnización a las víctimas, dijo Uribe.
Muchos de los 14 extraditados, que estaban en distintas cárceles, eran citados con frecuencia por la Corte Suprema para que ofrecieran sus testimonios en los procesos que sigue contra los implicados.
"Extraditaron a todos los testigos del proceso de la parapolítica", dijo la investigadora Claudia López, para quien la entrega masiva también significa "el fin de la negociación" del Ejecutivo con las AUC, disueltas mediados de 2006 tras el desarme de 31.000 paramilitares.
La estudiosa lamentó que Uribe haya preferido extraditar a los ex mandos por cargos de narcotráfico cuando debieron prevalecer los derechos a una reparación de los miles de víctimas causadas por la organización paramilitar desaparecida. "El narcotráfico no es más grave que un delito de lesa humanidad", advirtió Claudia López.
Todos ellos habían sido reclamados por la Justicia de EE.UU. acusados de narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo, pero Uribe había dejado en suspenso su extradición, que condicionó al cumplimiento de los compromisos que asumieron en el proceso de paz que ambas partes negociaron de finales de 2002 a mediados de 2006.
Uribe aseguró que Washington aceptó que la riqueza que los ex paramilitares den en acuerdos judiciales "se dedique a reparar a las víctimas colombianas". >Agencias |
|
|
|
|
|
|
